vanguardia.com.mx (08/02/2010):

Lo hemos señalado en innumerables ocasiones en este espacio: es imposible afirmar que el ejercicio democrático se ha consolidado en un municipio, un estado, un país, mientras los ciudadanos carezcan de mecanismos eficaces para exigirle a sus gobernantes la rendición de cuentas.

Y uno de los elementos indispensables para que la rendición de cuentas ocurra es que la actuación de las instituciones públicas se dé en un marco de transparencia absoluta. En el caso particular de Coahuila, como lo hemos reseñado en múltiples reportes periodísticos, la transparencia ha encontrado obstáculos serios para abrirse paso y convertirse en una herramienta a disposición de los ciudadanos.

Con matices, los tres poderes de la entidad han opuesto resistencia al escrutinio público e instrumentado medidas para evitar que se conozca a detalle el ejercicio de los recursos públicos, o la forma en la cual se han tomado diferentes decisiones.

Desde las oficinas públicas se han esgrimido argumentos —la mayoría inatendibles— para justificar la opacidad con la cual se actúa en diversos rubros o para intentar desvirtuar los señalamientos.

Hoy, sin embargo, al menos por lo que hace al ejercicio de los recursos destinados a la obra pública, no queda lugar a dudas: la normatividad que rige tal actividad es una que promueve la opacidad y, eventualmente, el manejo inadecuado del dinero público. Y quien lo dice, la Auditoría Superior del Estado, a diferencia de las afirmaciones realizadas por ciudadanos, tiene toda la autoridad para realizar el señalamiento.

Porque contrario a lo que un coahuilense común puede hacer, la ASE tiene a su disposición todos los elementos para verificar a detalle la forma en la cual se concursa, asigna, supervisa y recibe la obra pública contratada por el Gobierno del Estado y los ayuntamientos coahuilenses.

La conclusión de la dependencia es contundente: “No hay disponibilidad para la existencia de un expediente unitario que se encuentre constituido por todos y cada uno de los documentos que se desprendan de dichos procesos (de obra pública)… Incluyendo todos aquellos... que debe revestir la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos registrados, elementos sin los cuales se vulneraría la administración eficiente del ejercicio del gasto público...”.

Es de esperarse, en primer lugar, que a dicho señalamiento no se conteste con un discursos que pretenda minimizar la relevancia del mismo.

En segundo lugar, es de esperarse que quienes tienen la responsabilidad de reaccionar ante el hecho, es decir, los integrantes del Congreso del Estado, pongan manos a la obra de inmediato para evitar que tal realidad siga recreándose en Coahuila.

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