Los valores de nuestra sociedad están sintetizadoss en la Constitución. En ella se consagfra no solo el sistema democrático como forma de gobierno y de adopción de decisiones colectivas, sino sobre todo los derechos fundamentales, como ideales morales y límites concretos al ejercicio del poder público.

La corrupción que queda impune no solo lesiona normas éticas, administrativas i penales, sino sobre todo quiebra la confianza en la democracia como medio para la realización de los derechos. Más devastador es el efecto cuando esa pérdida de confianza se da en contextos dramáticos, como son los que determinan la pobreza o las catástrofes naturales. Toda desviación de la ética pública es reprobable. Pero lo es más aun en estos contextos.

La más importante dificultad  para consolidar la democracia y el desarrollo que enfrentan países con altos índices de pobreza y desigualdad, es la corrupción y la escasa cultura ética de nuestras sociedades. Por ello es tan importante preserverar en el esfuerzo por instalar en la administración pública una cultura de transparencia y buen gobierno. Incentivar la participación ciudadana, la rendición de cuentas, el acceso a la información y el control del gasto. Sancionar con rigor a los malos funcionarios que se benefician indebidamente con recursos públicos.

Solo así devolveremos credibilidad sistema y haremos efectivos los derechos.